Si nada se hubiera atravesado, en la privilegiada esquina de la calle 100 con carrera séptima, norte de Bogotá, estaría funcionando hoy un fabuloso centro comercial con una sede de Falabella como almacén "ancla" y decenas de lujosas oficinas.
Pero la constructora Aldea Proyectos S.A.S. ha insistido en que la obra está paralizada por factores que van desde los coletazos de la pandemia hasta los cambios que los últimos alcaldes han hecho a la intervención de la carrera séptima. Estos van desde hacer un tranvía hasta una nueva ruta de TransMilenio, pasando por un corredor verde, hoy en veremos.
Incluso, la constructora interpuso una demanda por 582.000 millones de pesos contra el Distrito. Pero este accedió a retirarla el 23 de agosto de 2022, luego de que se abrieran paso varios ajustes al llamado ‘plan parcial’ de la obra. Para muchos, ese fue un banderazo para que la megaobra se reiniciara.
De hecho, abogados de Aldea Proyectos ya le pidieron a la Contraloría que los desvincule de un proceso que se abrió por la inversión que hizo la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares en ese proyecto, alegando que no son gestores fiscales.
El lío con los chilenos.
Ahora avanza una millonaria reclamación de inversionistas chilenos que iban a participar en el centro comercial. Según el plan original, Mallplaza del grupo Falabella tenía el 30 por ciento de participación. Y para sellar el negocio entregó, en 2018, unos 98.000 millones de pesos de anticipo.
Aunque ni Aldea Proyectos S.A.S. ni Mallplaza accedieron a hablar del tema, se pudo establecer que los chilenos tenían hasta julio de 2022 para retractarse del negocio y exigir la devolución del anticipo.
Extraoficialmente, allegados al caso afirmaron que hubo un acercamiento entre las partes para que los chilenos no se retiraran y, por el contrario, adquirieran la totalidad del centro comercial.
“No se llegó a ningún acuerdo porque inicialmente se hablaba de un costo de 1,4 billones de pesos y solo se ofrecía un poco más de la mitad”, le explicó a EL TIEMPO una fuente enterada.
Las tres demandas
Lo concreto es que los chilenos terminaron echando mano de la cláusula de retracto, se retiraron del negocio y solicitaron la devolución de la plata.
Pero los 98.000 millones de pesos de 2018 hoy suman 126.000 millones de pesos, tras aplicarle el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más intereses. Y si bien la constructora manifestó su disposición a honrar la deuda con Mallplaza, los chilenos interpusieron dos demandas ejecutivas para que se les pague: una contra la fiducia y otra contra los 15 fideicomitentes.
Los 98.000 millones de pesos de 2018 hoy suman 126.000 millones de pesos, tras aplicarle el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más intereses.
Además, activó un tribunal de arbitramento en el que pide que se le ordene a Aldea Proyectos concluir la megaobra y hacer su entrega 15 días después de que se conozca el laudo.
“No entendemos cómo, por un lado, están pidiendo que se les pague la deuda; y por el otro, que se termine la obra y se les entregue su parte en el centro comercial. Al parecer, lo que están buscando es que los constructores no avancen en una negociación con un inversionista internacional interesado en quedarse con esa parte del proyecto para que ellos lo puedan adquirir a menor precio”, señaló una persona cercana al caso.
La otra versión.
Este diario insistió en conocer la versión oficial de las partes. Aunque no fue posible, se estableció que dentro del tribunal de arbitramento el grupo chileno explicó que ellos podían solicitar la terminación de la obra en los términos pactados, porque mientras no se les pague la deuda pueden exigir que se construya.
Además, que se había establecido como plazo para la devolución de los 126.000 millones de pesos el de 30 días después de que se reversara el negocio. Y como no hubo pago, instauraron los procesos de cobro ejecutivo antes de que se vencieran los términos de ley.
De hecho, niegan que se esté haciendo un doble cobro demandando al fideicomiso y a los fideicomitentes, ya que se les advirtió a los jueces que se habían hecho las dos demandas porque uno era garante del otro. Pero si hay fallo en uno de los procesos, se elimina el otro.
En lo único que coinciden las partes es que a Bogotá y a los inversionistas les conviene que se termine la obra. Pero los pleitos apenas comienzan.
La investigación fiscal en Contraloría
Para destrabar la obra, abogados de Aldea Proyectos S.A.S., en cabeza de la firma Ortiz Gutiérrez & Asociados, le pidieron a la Contraloría archivar un proceso de responsabilidad fiscal que cursa en ese ente de control y que se abrió después de una investigación hecha por EL TIEMPO.
Según la Contraloría General, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) resultó invirtiendo más de 577 mil millones de pesos que hoy no aparecen. Además, dicen que no es posible recuperar esos dineros por falta de garantías del proyecto.
Sin embargo, según los apoderados de Aldea, la firma no tiene la calidad de gestor fiscal, por lo que le pidieron a la Contraloría que la firma sea desvinculada del caso.
“Aldea Proyectos SAS es una sociedad comercial de derecho privado que no maneja o administra recursos o fondos públicos, la que celebró un contrato de compraventa de unos bienes inmuebles de propiedad de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) por tanto, no cumple las condiciones para tener la calidad de gestor fiscal”, aseguran los apoderados de la constructora.
Además, agregan: “Los inmuebles de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares fueron adquiridos por el Fideicomiso de administración inmobiliaria América Centro de negocio a través de un contrato de compraventa que aún está vigente”
Fuente: El Tiempo.
